En esto de la participación ciudadana, como en otros aspectos de la gestión pública, en numerosas ocasiones se impone la normativa y la reglamentación. La aprobación de un reglamento parece ser el principio y el fin de todo, la norma fundamental que lo resolverá todo de forma mágica y maravillosa. Nada que deba sorprendernos en un país tan sumamente burocratizado -para bien y para mal- como el nuestro.
Si buscamos similitudes y paralelismos en distintos procesos de participación lo que vamos a encontrar muy probablemente es que todos ellos giran en tornos a metodologías de trabajo y no en torno a normas y reglamentos. Y esto sucede así porque las metodologías son mucho más flexibles y permiten adaptarse a contextos en continuo cambio.
La participación ciudadana no puede surgir y desarrollarse únicamente de un reglamento. Si bien es un punto de partida necesario, puede quedarse en papel mojado si después no se acompaña de metodologías de trabajo que faciliten el desarrollo de las distintas patas que sostienen la mesa de la participación. Necesitamos una base normativa de la que partir, pero una vez estamos en ese punto son las metodologías de trabajo las que deben tomar todo el protagonismo a lo largo de todo el proceso.
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